FUENTE PALMERA (CÓRDOBA), 4 May. (EUROPA PRESS) -
El plazo para la
ejecución de las obras de las nuevas instalaciones de la vaquería ubicada en
terrenos próximos a la localidad cordobesa de Fuente Palmera y cerca de la
aldea de La Ventilla ha concluido sin que el vaquero haya abandonado las
actuales instalaciones, calificadas y sentenciadas de manera firme como
"ilegales" por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA),
desde el 18 de julio del año 2009.
Ante esta
circunstancia, tras no ejecutar las obras y abandonar la vaquería, cuyo plazo
ha finalizado a mediados de abril, tal y como se acordó en el Pleno
Extraordinario del municipio colono celebrado en noviembre del año pasado,
cuando se le otorgaron cinco meses para ello, ahora el vaquero se enfrenta a
multas semanales de "hasta 21.000 euros", que suponen el diez por
ciento de coste del proyecto, según ha destacado a Europa Press el vecino
afectado por la vaquería, Francisco Adame.
En concreto, relata
que entra en vigor el acuerdo visto en el pleno de Marzo del año 2012, en el
cual "se dictaba la vía sancionadora en el caso de no trasladarse a la
nueva ubicación". Esta nueva ubicación ya fue calificada y aprobada por el
Pleno de Fuente Palmera y la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía como "lugar idóneo para su ubicación
futura".
En este sentido,
reprocha que el vaquero ha presentado "demasiado tarde" el proyecto
inicial y de ejecución, el cual supera el importe de 210.000 euros, pero
"aún no se ha iniciado", lamenta el vecino de Fuente Palmera, quien
advierte que aunque queda "como último requisito" la aprobación de
"algunos detalles" por parte de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (CHG) sobre una balsa de purines, "el vaquero ha incumplido
los plazos marcados para presentar el proyecto".
En cualquier caso,
Adame destaca que al vaquero "se le están aplicando, por parte de la
Hacienda Pública, unos embargos de multas de anteriores ocasiones, que fueron
recurridos y perdidos en los juzgados de Córdoba", lo que supone que
"ha de hacer frente a ellos", así como también a "las sanciones
de este último procedimiento, es decir más de 20.000 euros semanales". Una
multa que se mantendrá hasta el traslado definitivo una vez terminada la futura
vaquería, según ha apostillado el afectado.
Cabe destacar que
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Córdoba ya ha
desestimado un recurso del propietario de la vaquería contra el Ayuntamiento
colono por los supuestos daños sufridos en la explotación ganadera, desde el 3
al 22 de diciembre del año 2010, con una reclamación de unos 150.000 euros,
tras el auto de entrada en el recinto concedido a la administración local.
En la resolución
judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, el vaquero alegaba daños por
enfermedades del ganado en los citados días, si bien el juez detalla que se
trata de "una actividad mercantil, que se ejecuta a riesgo y ventura del
que la ejerce" y no queda acreditado el daño.
Además, el togado
recuerda que el vaquero ha explotado la actividad ganadera "desde hace
muchos años sin contar con las autorizaciones preceptivas, cuestión que nunca
es baladí", a lo que añade que "las diferentes órdenes de cese de la
actividad han sido sistemáticamente obviadas" por el propietario, quien "no
ha permitido la ejecución forzosa por el Ayuntamiento", lo que conllevó a
la imposición de multas coercitivas y la autorización de entrada en la
explotación.
CONDENAS AL VAQUERO
Entretanto, y
después de haberse sentado ya varias veces el vaquero en el banquillo de los acusados
por distintas causas relacionadas con el cierre, el afectado indica que
"puede llegar el momento en el que vaya a la cárcel, por acumular
penas", pues recuerda que ya fue condenado a siete meses de prisión por un
delito de desobediencia grave a la autoridad, cometido al no cumplir en 2009 la
orden del Ayuntamiento para que cerrara la explotación.
Igualmente, el
propietario de la vaquería ha sido condenado a pagar un total de 2.400 euros a
la administración pública por cuatro multas coercitivas después de no cesar la
actividad de manera voluntaria en el recinto ganadero.
En su protesta por
el "incumplimiento" del vaquero y la administración de la sentencia
del TSJA de 2009, Adame se ha manifestado ante las puertas de la Fiscalía
cordobesa y se ha encerrado en el Consistorio de Fuente Palmera en varias
ocasiones. Además, presentó una denuncia ante la Guardia Civil porque el 30 de
junio de 2011 expiraba el plazo de cierre establecido en un acuerdo entre el
Ayuntamiento y el vaquero, e igualmente no se produjo.
Desde el verano de
1992, relata que ha tenido que soportar junto a su familia "los daños y
perjuicios que suponen tener una explotación ganadera ilegal" junto a su
vivienda, situación que "ha sido tolerada por el Ayuntamiento",
convirtiéndose de ese modo en "corresponsable".
