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10 diciembre, 2008

Manifiesto que pondre muy pronto para su firma online




A.A.: "Presidente de la Junta de Andalucía Dº Manuel María Chaves González "
La persona u organización firmante MANIFIESTA:
Ante todo hemos de agradecer a todos los grupos políticos, como PSOE, OLIVO, PP-A E IU-A, de la localidad de la Colonia de Fuente Palmera el apoyo que demuestran en los plenos de localidad. Pero ello no obsta para que ponga en marcha este procedimiento.
Se expone la ingrata experiencia en la aplicación de las competencias en materia de Salud, Medio Ambiente, entre otras, recogidas en nuestro Estatuto Andaluz. Pedimos a la administración de la Junta de Andalucía que ejerza las competencias y las aplique para la definitiva retirada de la vaqueriza ilegal de Fuente Palmera de la provincia de Córdoba, regentada por D. Antonio De la Rosa Martínez cita en C/ Higuera s/n.
El largo expediente iniciado el pasado 15 de Junio de 1.992, que se puede consultar vía internet en http://franciscoadame.blogspot.com., existen resoluciones de ilegalidad de dicha actividad, la cual causa malestar a los integrantes de la familia de D. Francisco Adame integrada por el matrimonio y dos hijos.
La falta de aplicación de medidas corretoras hace que se esté prevaricando: por una parte el Ayuntamiento y por otra, la Junta de Andalucía. Esta ubicación ilegal hace que sean muchos los vecinos perjudicados constituyendo un ataque frontal a los intereses generales de los ciudadanos de una forma silenciosa, pues la instalación dista 234 metros del centro de la plaza principal de la localidad. Además es un ataque al medio natural, a causa de sus olores putrefactos y del vertido de purines al Arroyo “la Plata”.
La ausencia de la labor inspectora, de vigilancia y control que realiza La Junta de Andalucía y Ayuntamiento Local a través del Cuerpo de Agentes Forestales supondría la ratificación de nuestra denuncia por un impacto en el medio natural sin precedentes, como se analiza en la Agenda 21 Local, expuesta en su blog donde se señala esta agresión. No se respeta las actuales normas urbanísticas vigentes desde 1.992. Persistiendo la agresión a la naturaleza; se merma la forma considerable la prevención, vigilancia y extinción de especies naturales, tanto en cuestión de fauna y flora del medio. Nadie controla con eficacia el correcto desempeño de estos factores ricos y únicos en patrimonio natural, la falta de control de vertidos que están causando tanto daño al medio Ambiente.
Han sido muchos los Decretos hechos por el Ayuntamiento sin que estos hayan servido de nada. Tampoco el emitido por la Delegación de Medio Ambiente de Córdoba. Tampoco la sentencia del Contencioso Administrativo nº 4 de Córdoba juzgado que instaba al Ayuntamiento al cumplimiento de un Decreto de Cierre.
El Defensor del Pueblo Andaluz recogió por dos ocasiones las quejas, la primera declaró entorpecedor al Alcalde y en la segunda ocasión insto a las instituciones a que actuaran sin que ello haya servido de nada. Desde aquí agradecemos su participación.
Constitucionalmente la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental, mientras que el derecho a la propiedad es un derecho accesorio, por lo que la cobertura y trato que nuestra Constitución otorga a cada uno de estos derechos es diferente.

Entendemos que el derecho Constitucional del disfrute del medio ambiente y la conservación de los valores naturales son de interés general y esto está muy por encima de los recelos de los propietarios a la inspección de los recursos naturales en sus fincas. La impunidad ambiental en la Junta de Andalucía tendrá unas repercusiones fatales para la naturaleza y para la sociedad. Ni el patrimonio natural ni el oxígeno que respiramos son de propiedad privada.
También se teme que uno de los objetivos de esta sea potenciar que la gestión de los recursos naturales sea objeto de mercadeo. La naturaleza es un bien público, no un negocio. Sería una temeridad dejar la inspección y el control de la naturaleza de todos los Colonos en manos de intereses privados.
Consideramos que el actual gobierno de la Junta de Andalucía hace un flaco favor a la democracia y sienta un grave precedente; manifiesto nuestra repulsa a que este tipo de aplicación de leyes se haga con total pasividad y falta de transparencia de sus actuaciones, por mucha mayoría absoluta que tenga el partido en el Gobierno.
D. Francisco Adame ha mantenido distintas manifestaciones: desde el encadenamiento en el Ayuntamiento, encierro largo en la Delegación Provincial de Medio Ambiente, ruegos en la mayoría de los plenos locales, manifestación en puertas del Parlamento Andaluz… ¿Qué manifestación esperan más de este vecino? Estamos cansados de soportar este problema.
Los ciudadanos pueden formular preguntas a la Cámara Andaluza como se recoge en su Reglamento, estas para ser debatidas deben ser acogidas por un Parlamentario que en este caso ha sido por D. José Manuel Cifuentes de IU-A. Esperamos que dé sus frutos positivos.
Ha habido otros Parlamentarios que se ha interesado por el problema como D. Salvador Fuente del PP-A, que formulo una Moción en el Pleno Municipal la cual no prospero. D. Rafael Velasco del P.S.O.E., prometió actuar sobre el problema. También fue entregado en mano Decretos de Cierre de la actividad a nuestro Ministro D. Miguel Ángel Moratinos sin que hasta ahora haya dado lugar a mover una mosca.
Son numerosísimas las veces que ha aparecido en prensa, radio entre ellos en el programa El Público de Jesús Vigorras, como en Televisión (Canal Sur en los programas de Andalucía Directo o en Mira la Vida, y España Directo de TVE ). Es decir son muchos los medios en los que he aparecido presentado este problema, pero todo sigue igual.
Esta pasividad de las Administraciones vulnera la Constitución Española así como la legislación básica del Estado Español e invade claramente competencias que no corresponden a la Junta de Andalucía.
Por todo lo expuesto, solicitamos a la Junta de Andalucía la retirada de la vaqueriza antes descrita.
Está en juego nuestra calidad de vida, está en juego nuestro futuro. Los recursos naturales son bienes prestados para el disfrute de toda la ciudadanía. Unos ya murieron, otros vivimos con la obligación de conservarlos y otros aún no han nacido y tienen derecho a disfrutarlos. Para ello están las instituciones.

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